Un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) encontró que entre julio del 2025 y junio de este año había 330,000 jóvenes de 15 a 29 años ocupados menos que en el 2019. El informe agrega que el empleo juvenil lleva ya tres años de caída y que esta tendencia está presente en 18 de las 28 principales ciudades del país.
Las referidas cifras revelan que estamos ante un problema de alcance nacional. A la caída de la ocupación se suma otra señal grave: el grupo de jóvenes que ni estudian ni trabajan, tampoco buscan empleo. Esto llama especialmente la atención en un contexto de crecimiento económico y, sobre todo, de crecimiento de la inversión privada. Lo que pierde el país no sólo se evidencia por lo que deja de producir al tener a cientos de miles de jóvenes sin trabajar, sino por el hecho de que esas personas retrasan su ingreso al mercado laboral y su proceso de aprendizaje laboral se dilata o, peor aún, simplemente no se concreta.
Pero el problema no queda allí. El período de trabajo juvenil, en su conjunto, según explica el IPE, se caracteriza por la poca estabilidad: los jóvenes que se incorporan al sector formal transitan hacia la informalidad con mucha facilidad, al punto que uno de cada cinco jóvenes sale del sector formal para engrosar el empleo informal.
Entonces, no se trata solo de cifras macroeconómicas ni de un problema que se revierte de un año a otro; se trata de oportunidades perdidas para el país y para los propios jóvenes. Si el indicador de desempleo juvenil muestra varios años de caída, entonces el problema se convierte en generacional.
Medidas inmediatas
Esta realidad demanda concretar políticas públicas inmediatas dirigidas a facilitar el paso de los jóvenes de la escuela al mercado de trabajo, promover su acceso a créditos para estudiar y potenciar la capacitación en las empresas a fin de que ellas incorporen a los jóvenes al empleo. Un valioso punto de partida para ello estaba en el pedido de facultades delegadas que -en este punto- fue desestimado por el parlamento. Es cierto que asuntos urgentes como la lucha contra la inseguridad y el Fenómeno del Niño (FEN) demandan esfuerzos inmediatos y de concentración plena que pueden dejar pendiente por unos meses la revisión de lo que aquí estamos tratando.
Sin embargo, no se puede perder de vista que tanto el FEN como la inseguridad, están vinculados al empleo juvenil. Y es que los sectores más afectados por el FEN serán la pesca y la agricultura, que suelen demandar mucha mano de obra, lo que significa que la capacidad de absorción de empleo de ambas actividades se estancará durante un largo período, junto con otros sectores. Por otro lado, la falta de empleo en el mundo formal como en el informal puede determinar que los jóvenes desempleados y que no estudian, tiendan a incrementar la delincuencia, haciendo más grande y difícil de gestionar el serio problema de inseguridad que hoy nos aqueja.
De manera que estamos, por las dimensiones del desempleo juvenil, ante un problema que demanda respuestas inmediatas. Y si el Parlamento decidió no otorgar facultades al Poder Ejecutivo para que legisle sobre esta materia, por razones de cálculo político, el gobierno debería plantearse ejercer iniciativas para encargarle a los ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo, la rápida implementación de medidas en esta materia, pues las consecuencias de la inacción no serán de corto plazo, como en el caso del FEN y la Inseguridad, sino de muy largo plazo y de afectación del futuro de nuestro país.