Imaginemos dos trenes que parten de la misma estación por vías que jamás se cruzan: uno avanza con motor propio, asientos numerados y boletos en regla; el otro se mueve a empujones, sin frenos ni pasajes, cargando además a la mayoría de los pasajeros. Ese es el mercado laboral peruano.
Solo el 30% de los trabajadores es formal frente a un 70% informal; apenas el 15% cuenta con seguros de jubilación, invalidez y sobrevivencia para su familia, mientras que el 85% no tiene ninguno. El mayor sueldo promedio formal bordea los S/ 5,725 mensuales frente a apenas S/ 770 del menor sueldo de un trabajador informal .
La fractura es también demográfica, de género y sectorial. El 28% de los trabajadores supera los 50 años y el 26% son jóvenes; El 62% de los hombres está en planilla, pero solo el 37% de las mujeres. Tres millones gozan de CTS y gratificaciones frente a quince millones que carecen de ellas. Este año crecerían los sectores de construcción, comercio, servicios y manufactura no primaria, mientras pesca, agroexportación, manufactura primaria e hidrocarburos quedarían rezagados. Hasta las recientes elecciones revelaron esos dos Perús, que votaron distinto porque viven realidades distintas.
Detrás de esa dualidad hay tres males que se retroalimentan: la informalidad, que supera el 70% de la PEA; la baja protección social, con más del 90% de independientes que no cotizan a pensiones; y una productividad estancada desde hace una década. La informalidad privada de seguridad social a millones, la baja productividad impide formalizar de modo sostenible; y la desprotección desincentiva la formalización. Romper ese círculo vicioso exige actuar sobre los tres ejes a la vez. Si tenemos dos Perús, no podemos gestionarlos con una sola política, igual que ningún directorio aprobaría un único plan de negocios para dos mercados opuestos. Empresas y Estado necesitan estrategias diferenciadas por colectivo.
¿Qué deben hacer las empresas?
Lo primero es conocer a su gente: mapear su fuerza laboral y la de su cadena de valor; construir un tablero por colectivo –edad, género, ingreso y cobertura–; y diseñar planos diferenciados según características, necesidades y valores, en lugar de aplicar una política uniforme. Ello implica identificar a quienes carecen de seguro y medir su exposición a la informalidad de proveedores y contratistas. En formalización, conviene aplicar tolerancia cero a la informalidad en la cadena de suministro (proveedores), digitalizar planillas y tratar la formalidad como ventaja competitiva, no como un sobrecosto.
En protección social, toca extender seguros de salud, vida e invalidez a los desprotegidos, promover la afiliación previsional, ofrecer coberturas de sobrevivencia, preservar el valor de la CTS y las gratificaciones y diseñar beneficios flexibles y programas de bienestar por grupo. En productividad y capital humano, vincular la remuneración variable a metas verificables, invertir en capacitación –sobre todo de los menos calificados–, adoptar bancos de horas y jornadas flexibles, promover el teletrabajo y negociar planes de productividad y bonos por resultados.
La diversidad es estrategia: cerrar la brecha de género en planilla, impulsar políticas de cuidado, crear programas de primer empleo juvenil con estándares de protección, aprovechar el talento senior y liderar equipos intergeneracionales con metas de equidad medibles. Y la mirada sectorial es resiliencia: planificar talento donde hay crecimiento, reconvertir capacidades donde hay repliegue, aplicar medidas de seguridad y salud proporcionales al riesgo, y elevar la agenda laboral al directorio.
¿Qué debe hacer el Estado?
Gobernar para ambos Perús a la vez. Primero, aprobar con agilidad las reformas a su alcance para modernizar y agilizar la regulación laboral. Segundo, crear un seguro social universal para informales e independientes que combine un componente subsidiado con otro contributivo proporcional al ingreso. Tercero, garantizar un piso de protección social desvinculado del empleo formal y articular gradualmente la CTS con un seguro de desempleo, sin desmantelar lo que el trabajador percibe como derecho. Cuarto, reorientar a la Sunafil hacia el acompañamiento y los sectores de alta informalidad, dejando de fiscalizar al que ya cumple. Y quinto, impulsar la productividad de las mype –innovación, diversificación y financiamiento– junto a un monotributo que sirva de puente a la formalidad.
Los promedios mienten: sumar el tren formal y el informal no describen a nadie. No hay un trabajador peruano; Hay muchos, con riesgos y aspiraciones distintas. La empresa que segmenta, protege y forma a cada colectivo no solo cumple la ley: gana productividad y legitimidad. Y el Estado que deja de castigar al formal e incluye al informal empieza a soldar las dos vías en una sola. Los tres males no se describen: se cierran ejecutando. Este, junto con la seguridad, son los retos urgentes y claves del nuevo Gobierno.
*Publicado originalmente en el diario Gestión
