El Congreso de la República tiene pendiente de discusión, tanto en comisiones parlamentarias como en el pleno, varios proyectos de Ley centrados en cuestiones como el aumento de los días de descanso por razones de paternidad o maternidad, reducciones del tiempo de trabajo, cambios en la forma de calcular las utilidades legales, retiros de fondos de las administradoras de fondos de pensiones (AFPs), cambios en la metodología para determinar la remuneración mínima vital y una reforma de la Ley que regula el proceso judicial laboral.
El común denominador de esas normas es que, a pesar de proponer cambios importantes en el ordenamiento laboral, todas prescinden de su paso por el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) y, por ende, del análisis tripartito que deberían hacer justamente los involucrados en el cumplimiento y supervisión de las referidas normas.
Es cierto que, desde un punto de vista parlamentario, las reglas del Congreso no exigen que las leyes laborales pasen por el CNT para su aprobación, lo que ha determinado que muchas de esas normas se aprueben, a pesar de ser verdaderamente inconvenientes muchas de ellas. Recordemos a este respecto, la aprobación de los retiros de los fondos de pensiones de las AFP (ya van siete y nos vamos por el octavo retiro), la disposición de la compensación por tiempo de servicios (CTS) y el establecimiento de feriados no laborables, que han disminuido severamente la competitividad de nuestro sistema productivo.
Pero también es cierto que el reglamento del CNT establece que es de su competencia “emitir opinión sobre los proyectos de normas legales que, en los temas de su competencia, tramite el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo”. Ello significa que, por lo menos, debería contarse con la opinión previa del referido CNT antes de someterse al pleno del Congreso la aprobación de las normas laborales.
Además, nuestro país ha suscrito y ratificado el convenio 144 de la OIT. Este establece que todas aquellas cuestiones que tienen relación con las normas de carácter laboral que estén vinculadas con los convenios internacionales de trabajo aprobados y ratificados por el Perú, deben pasar por el dialogo tripartito y este ocurre con su paso por el CNT.
Esto debería implicar que las comisiones congresales que evalúan esas normas no solo deban pedir opinión a gremios, ministerios, entidades públicas y diversos grupos de interés, sino que también promuevan que esas normas cuenten con una revisión y opinión del CNT. Y por supuesto, sería ideal que el Ministerio de Trabajo, que es parte activa en el CNT, promueva la discusión de esos proyectos en dicha instancia, cuando le es solicitada una opinión.
Lo anterior no es poca cosa. El CNT no ha logrado poner en agenda asuntos normativos relevantes, porque, además, no ha sido posible que se reúna en los últimos meses. Mas bien queda en el recuerdo la frustración causada por la actuación de la ex ministra de trabajo Betsy Chavez, quien, prescindiendo del CNT, emitió los decretos supremos 001-2022TR y 014-2022TR, normas que modificaron el régimen de tercerización y la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y que provocaron, por un lado, el retiro temporal del CNT de los gremios de empleadores y, por otro, el inicio de discusiones legales y constitucionales que todavía siguen pendientes.
En un contexto preelectoral, la tentación por aprobar normas que puedan mostrar al futuro electorado ciertos logros normativos es un factor que se suma al ya notorio carácter populista de muchas iniciativas normativas. Y tal cosa puede concluir en la aprobación o no de normas que podrían haber recibido el análisis y aportes de los llamados a cumplirlas, supervisarlas y beneficiarse con ellas, que no son otros que los empleadores, trabajadores y el Estado.
Sería muy útil para todos, que todas estas iniciativas no solo sean sujetas a la opinión del CNT, lo que les daría mucha legitimidad, sino que todas ellas sean una oportunidad para que el Ministerio de Trabajo promueva la reactivación del CNT y las revise y discuta con la participación de trabajadores y empleadores.
