Si bien hoy todavía no es posible definir quién ejercerá la presidencia de nuestro país en los próximos 5 años, ni cómo será su política laboral, sin embargo, si revisamos lo ocurrido en los últimos años, podemos hacernos una idea de lo que podrían hacer el señor Roberto Sánchez y su equipo de llegar al gobierno, y las medidas que podría tomar el equipo de la señora Fujimori considerando su plan de gobierno y su rol en el congreso en los últimos años.
¿Cómo se encuentra el mercado laboral? La situación no es la mejor y la informalidad sigue siendo la característica principal, pues de un total de 17.6 millones de personas de la población económicamente activa (PEA), solo 3.5 millones son trabajadores formales. La informalidad afecta principalmente a los jóvenes, con un 94% en el ámbito rural y un 65% en el ámbito urbano. En materia remunerativa, un trabajador informal gana un tercio de lo que gana un formal y su productividad está entre un tercio y un quinto de un trabajador formal. Lo anterior se acompaña de otros datos preocupantes: más del 57% de la PEA no está afiliada a un sistema de pensiones y muchos de los pensionistas del sistema privado han visto disminuidos significativamente sus fondos por los sucesivos retiros promovidos por las normas que lo permitieron. Solo un 65% accede a un sistema de salud y la pobreza ha pasado de 14% en el 2019 a 24% en el 2025. Así que el reto para ambos candidatos es muy grande.
Propuestas distintas
En ese contexto, revisados los planes y discursos de los propios candidatos, vemos que el equipo de Fuerza Popular (FP) se centra más en el sector informal, mientras que el de Juntos por el Perú (JP) opta por el sector formal.
Así, este último propone un aumento de la remuneración mínima vital (RMV) a 1 500 soles y una mayor rigidez en el mercado de trabajo, promoviendo más estabilidad laboral, el fortalecimiento sindical y la negociación colectiva así como el fortalecimiento de la SUNAFIL, elevando así las barreras de acceso al sector formal. También proponen la eliminación de los regímenes laborales especiales. No hay, en dicho plan, medidas concretas de promoción del empleo juvenil ni mejoras en la cobertura de salud, más allá de mencionarlos como temas importantes.
Por el lado de la candidata Keiko Fujimori, las medidas sugieren una apuesta por el crecimiento de la inversión privada y la promoción de la pequeña empresa para generar más empleo formal. Asimismo, una mejora de la cobertura de salud para trabajadores formales e informales, el cambio de enfoque de la SUNAFIL de uno punitivo a uno promotor del cumplimiento de la normativa y la implementación de programas de desarrollo juvenil. Una cuestión interesante es que el plan de FP propone una reforma laboral que se discuta en el Consejo Nacional del Trabajo, a diferencia de JP que no lo menciona. Pero se tendrá que reactivar dicho Consejo, para poder implementar dicha propuesta.
Dada la conformación del futuro poder legislativo, es posible que se sigan discutiendo medidas que permitan retiros de fondos y beneficios y modifiquen las jornadas de trabajo. Sin embargo, ninguno de los grupos políticos podrá ejecutar una reforma estructural ni proponer reformas constitucionales en materia laboral sin requerir de un acuerdo multipartidario o social.
Habrá que estar preparados, en un caso (JP), para propuestas que se inclinan por un intervencionismo normativo que genera mayor rigidez para el sector formal y, en el otro (FP), para medidas que se inclinan por mejorar las condiciones en el sector informal.
Cualquiera que sea el resultado, esperemos que la atención se centre en políticas que apunten al crecimiento de la economía, a la disminución de la informalidad y a la mejora de las condiciones laborales en el país.
