Tras el lamentable accidente en McDonald’s, el Poder Ejecutivo ha generado una mayor tutela a favor de la prevención de accidentes laborales y la represión contra los responsables.
Seguro de vida desde el primer día, capacitaciones presenciales, fortalecimiento de la Sunafil, cierre de locales y responsabilidad penal directa, entre otras medidas, que buscan generar una mayor cultura a favor de la seguridad y salud de los trabajadores.
En general, hay consenso en estas normas que buscan prevenir accidentes antes que reprimir conductas. Las medidas están dirigidas al sector formal que, de hecho, es la población con mayor tutela en el país. Un trabajador en planillas tiene beneficios sociales (pago puntual, vacaciones, CTS, etcétera) y protección social (atención médica, subsidios, pensiones de jubilación e invalidez).
Además, los trabajadores formales tienen mayores posibilidades de acceder a información y asesoría para exigir sus derechos o la mejora de estos. También, pueden formar sindicatos y, sobre la base de negociaciones colectivas, participar en comités de seguridad y salud en el trabajo, tener mayores beneficios y un ambiente más seguro para laborar.
Pero siete de cada diez peruanos son informales. Laboran en micro y pequeñas empresas (como los jóvenes que fallecieron en el incendio de Las Malvinas) o son independientes y emprendedores que no son formales y no tienen seguros de vida, salud ni pensiones (ambulantes, repartidores y taxistas por aplicativos, trabajadores agrarios, etcétera).
Estamos ante trabajadores que tienen ingresos, hasta pueden emitir comprobantes de pago, pero no cuentan con protección social integral: no hay seguros de vida desde el primer día, atención médica en Essalud ni pensiones de jubilación, invalidez o sobrevivencia para cónyuge e hijos.
El real aseguramiento supone que los trabajadores y sus familias tengan cobertura integral para cualquier contingencia social: enfermedad o accidente, rehabilitación, subsidios, fallecimiento, indemnización, maternidad y pensiones son beneficios que deberían tener todos los peruanos.
El reto del Estado es que todas las personas cuenten con un seguro integral, donde el número del seguro social sea más importante que el DNI. El rasgo distintivo de un país desarrollado es la identificación de las personas por el aseguramiento social y no por una identidad legal (DNI). Es urgente brindar solución a este viejo problema social a través de normas y políticas, fomento, fiscalización, cultura, educación y persuasión.
Si no comenzamos ahora dentro de diez años tendremos serios problemas de prestaciones sociales, y en 15 o 20 años todo el sistema de seguridad social peruano colapsaría.
Publicado en Diario Gestión.
