La eliminación de los límites para la negociación colectiva en el Estado traerá más demandas de gasto y comprometería la recuperación de la caja fiscal
La derogación del decreto de urgencia (DU) que regula las negociaciones colectivas en el sector público generará mayores demandas de aumentos salariales y de beneficios laborales en el Estado. “Va a haber una presión alta para negociar”, prevé el abogado laboralista Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama. Ello podría comprometer, como ha advertido el Consejo Fiscal, la reconstrucción a mediano plazo de las deterioradas finanzas públicas: el déficit fiscal será del 10.7% en el 2020, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Le están generando al Estado un gasto enorme que ahora más que nunca necesitamos controlar”, complementa Carlos Oliva, extitular del MEF.
El DU establece que el MEF debía emitir un informe en el que realizaría la valorización del pliego de reclamos de los trabajadores, evaluaría la situación financiera del sector público, la disponibilidad presupuestaria, las fuentes de financiamiento y los montos máximos a negociar. El acuerdo entre la entidad pública y sus trabajadores para elevar los salarios o beneficios sería nulo si iba en contra del informe del MEF.
“Lo que va a pasar es que va a consolidarse el desorden en los pagos de la planilla pública”, agrega Oliva. En enero del 2019, el MEF estimó que los pliegos de reclamos presentados alsector tendrían un costo promedio de S/37,938 millones al año. Oliva prevé dos opciones, cuyos resultados serían negativos. La primera implica elevar el gasto para cubrir las demandas, lo que tendría un impacto fiscal. La segunda supone sustituir el gasto en inversiones y mantenimiento, lo que deterioraría los servicios públicos. Hoy la Comisión de Trabajo del Congreso tiene un dictamen aprobado por unanimidad para aprobar una nueva ley de negociaciones colectivas, pero en dicho proceso la opinión del MEF sería relativa.
Si bien el ministerio emitirá un informe económico financiero sobre el convenio colectivo, solo será referencial y no vinculante. “Se abre la puerta para que negociadores del Estado flexibles o árbitros flexibles den aumentos por encima del presupuesto”, comenta Toyama. Asimismo, el dictamen no regula las negociaciones colectivas en empresas públicas y gobiernos locales, ni a los trabajadores que laboran en el Estado bajo el régimen privado. Por ejemplo, en Petroperú, entre el 2008 y el 2019, los trabajadores han recibido cada año bonificaciones por cierre de pliego entre los S/10,000 y S/19,000, según el MEF. El Ejecutivo podría consensuar un texto menos nocivo para las finanzas públicas, pero el margen para negociar parece reducido con un parlamento empoderado, estima una fuente parlamentaria.
