Hoy 9 de cada 10 peruanos no cuentan con un empleo decente, por la alta informalidad, la falta de inclusión laboral de grupos vulnerables, la discriminación por género, entre otros.
Recientemente, el Poder Ejecutivo ha publicado la Política Nacional de Empleo Decente (PED), que estará vigente hasta el 2030, será de cumplimiento obligatorio para todo el sector público, y, según indica, también para el sector privado “en cuanto les sea aplicable”.
Voceros autorizados del Ejecutivo han señalado que uno de sus objetivos -sino acaso el principal- es reducir la brecha de acceso al trabajo decente, pues hoy 9 de cada 10 peruanos no tienen un empleo decente. Esta precariedad está estrechamente vinculada al alto índice de informalidad, a la falta de inclusión laboral de grupos vulnerables, a la falta de competencias de la PEA, a la discriminación por género, etc. Pero ¿qué debemos entender por empleo decente?, para la PED este se presenta cuando una persona tiene un contrato laboral, percibe cuando menos el salario mínimo, su jornada laboral no supera las 48 horas semanales, cuenta con un seguro de salud y está afiliado a un sistema de pensiones.
La revisión a detalle de la PED permite advertir que es, sin duda alguna, bastante ambiciosa, pues con su enfoque multisectorial abarca medidas muy diversas como el reenfoque de la educación básica, el impulso de la simplificación tributaria, la asesoría para la formalización empresarial, el fortalecimiento de la inspección laboral en temas de seguridad y salud, el fomento de la capacitación de trabajadores, potenciales trabajadores y emprendedores, entre otros.
Ahora bien, desde el sector privado ¿qué debemos entender por la referencia “en cuanto les sea aplicable”? Consideramos que ello no se refiere exclusivamente a celebrar contratos de trabajo, pagar correcta y oportunamente salarios y beneficios sociales, respetar la jornada legal máxima, y menos aún que resulte necesaria una nueva regulación específica. Se refiere a que existen acciones concretas que pueden ser impulsadas desde el sector privado y que permitirán alcanzar el tan ansiado objetivo de empleo decente para más peruanos. Por ejemplo, la implementación de programas de capacitación técnica para la PEA juvenil que permita incentivar su empleabilidad; la generación de espacios de cuidado para infantes que permita la activación laboral de sus madres; el fomento del teletrabajo para promover no solo innovación y tecnología, sino también diversidad e inclusión; potenciar los gremios empresariales como canales de comunicación con el Ejecutivo para informar sobre tendencias del mercado laboral y que sirva para actualizar la formación de la potencial PEA, entre otros.
Así, si el Estado y los privados asumen el reto de reducir la brecha en el acceso al empleo decente, estamos seguros de que, en el mediano plazo, ello podría significar no sólo una buena voluntad sino todo un cambio sustancial en el empleo nacional.
