Situación actual del empleo formal
La legislación laboral, por su propia configuración, tiene una relación directa con la paz social y el bienestar de los ciudadanos. En Perú, apenas el 30% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada tiene un trabajo formal y, por ende, sólo ellos tienen seguros de salud, pensiones y de invalidez. Sin embargo, las consecuencias de ciertas normas que otorgan más derechos (a menudo con «buena intención») resultan ser realmente nocivas para la competitividad, generando menos empleo. Nos encontramos así con leyes que parecen sacadas de una novela de realismo mágico, con realidades imposibles de coexistir.
Por qué las medidas propuestas no ayudan a mejorar el empleo formal en Perú
Como en la obra de García Márquez, estamos creando un “Macondo” laboral. En lugar de apostar por una mejor educación, salud, infraestructura, seguridad y transporte público (factores que elevarían la productividad laboral en un país que, según la OIT, ocupa el octavo puesto de productividad laboral en América del Sur y México), se opta por medidas que no fomentan la formalización. Para dimensionarlo, en 1 hora de trabajo, un chileno produce el triple de un peruano y, un trabajador de EEUU, casi ocho veces más.
Analizando las propuestas del Poder Ejecutivo y del Congreso, observamos que, bajo la premisa de mejorar las condiciones laborales, éstas incrementan los costos de la formalidad y generan menor fluidez en las actividades económicas, alejando los incentivos para una mayor formalización. Por ejemplo, antes del gobierno de Pedro Castillo teníamos 12 feriados; luego éste se elevó a 16 a nivel nacional. Los 4 feriados adicionales generan pérdidas por cerca de S/. 2,000 millones, según Apoyo Consultoría (agosto 2023), sin contar con los días no laborables decretados por el Ejecutivo. Todo esto paraliza al Estado que debería dar mejor viabilidad a la justicia, la economía, la salud y otras necesidades básicas. A más feriados, menos atención del Estado.
Las dimensiones del mundo laboral
Recientemente, se han presentado varios proyectos de ley en esa misma línea. Por ejemplo, se busca ampliar el retiro de la CTS, afectando su objetivo original de otorgar protección ante un cese laboral. Asimismo, el proyecto de descanso por maternidad, que ampliaría en 82 días el descanso post parto; o el otorgamiento de un día de descanso adicional para miembros de mesa. Esta tendencia se complementa con una fiscalización laboral poco predecible y, en ocasiones, ineficaz.
Basta recordar que el 2024 se generaron dos paros de transportes, que tuvieron como respuesta la visita a empresas formales para verificar si se daban «facilidades» a los trabajadores para ingresar a su centro de labores, acción que usó recursos del Estado sin un impacto real. Asimismo, el Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL no ha renovado sus vocales, como manda la ley, ni ha implementado una segunda sala, luego de más de tres años de inicio de actividades. Esto llevará a un inminente retraso (actualmente se resuelven casos en aproximadamente 1.2 años).
Todo esto evidencia una manera de ver el mundo laboral en dos dimensiones muchas veces contradictorias: Una basada en la realidad (con más del 70% de informalidad laboral) y otra, basada en una fórmula mágica que promueve una cultura de menor trabajo y mayor descanso, sin incrementar la productividad laboral.
