La inseguridad ciudadana se ha convertido hoy en el principal problema que enfrentamos, superando incluso a la corrupción, la pobreza y los bajos ingresos. Más del 70% de la población identifica a la delincuencia como su mayor preocupación, una cifra que revela la magnitud de la crisis (INEI). Sin embargo, a pesar de su gravedad, la respuesta estatal y social es insuficiente. La inseguridad no solo amenaza la integridad física de las personas, sino que también transforma profundamente el entorno laboral, afecta la productividad, el bienestar y la estabilidad de los trabajadores y las empresas.
Uno de los factores que agrava la crisis de inseguridad es la profunda desconfianza en las instituciones públicas encargadas de garantizar la seguridad. Según un sondeo del INEI, más del 80% de peruanos desconfía de la Policía Nacional, del Ministerio Público, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales. Esta falta de confianza limita la capacidad de respuesta del Estado y deja a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad, lo que denota la necesidad de una reforma integral urgente. Una de las pocas instituciones que mantiene un nivel de confianza positivo es RENIEC.
En las relaciones laborales, la inseguridad ciudadana no es un fenómeno abstracto: tiene consecuencias concretas y dolorosas en la vida diaria de los trabajadores. Los robos en calles, restaurantes y domicilios, así como las extorsiones y amenazas para el pago de cupos, asesinatos y daños a las propiedades, son experiencias reales y frecuentes.
Sobre los efectos en los trabajadores, según la VI Encuesta de Conflictividad Laboral de Vinatea & Toyama, el 58% de 115 líderes de gestión humana reporta un aumento significativo del estrés y agotamiento emocional entre sus trabajadores. Además, el 17% ha registrado amenazas o extorsiones directas, el 15% ha sufrido ciberataques o vulneraciones de datos internos, el 13% ha visto un incremento en las solicitudes de teletrabajo para protegerse y 10% reportó la interrupción de sus operaciones.
El impacto de la criminalidad también se refleja en el aumento de las renuncias y el ausentismo laboral, así como en la interrupción de las operaciones. Ahora, a pregunta en las entrevistas de trabajo sobre la “seguridad del centro de trabajo” es tan, o más importante, que el sueldo que se ofrece a los postulantes.
La creciente inseguridad ciudadana también refuerza la salida de estudiantes y trabajadores, buscando mejores condiciones de vida y seguridad en el extranjero.
Al mismo tiempo, la percepción de inseguridad y la crisis institucional han hecho que el Perú sea cada vez menos atractivo para la llegada de trabajadores extranjeros.
A pesar de la gravedad del problema, según la misma encuesta de conflictividad, el 77% de las empresas aún no toma acciones concretas para mitigar el impacto de esta inseguridad. Muchas organizaciones se limitan a reforzar la vigilancia en sus locales o durante el traslado de bienes, pero pocas han desarrollado estrategias integrales que aborden el bienestar físico, emocional y familiar de su personal.
Estamos observando que algunas empresas están tomando medidas tales como brindar transporte a sus trabajadores en horarios peligrosos de ingreso y salida o recomendar rutas seguras, horarios flexibles evitando los picos de criminalidad o usan la IA para los accesos a los centros laborales. También vemos que existe un menor uso de dinero en efectivo, se incorporan sistemas de geolocalización al personal que labora en la calle, cambian de sede cuando existe afectación grave a la seguridad de una persona y su familia o redoblan la vigilancia en el entorno (hoy el número de vigilantes es tal que es el segundo puesto con mayor número de trabajadores formales, detrás del operario de la agroexportación). Otras empresas generan líneas de atención y apoyo psicológico, capacitaciones y protocolos en casos de robos, secuestros exprés, extorsiones, etc.
Las empresas y gremios empresariales tienen la capacidad y la obligación de asumir un rol más activo para cuidar a sus colaboradores y sus familias. Hay buenas experiencias de unión entre empresas y sindicatos para luchar contra la inseguridad ciudadana. Lo que falta es que, en alianza con el gobierno, se implementen acciones concretas como trabajar con jóvenes para brindarle alternativas viables de trabajo, juicios exprés, participación de municipios, vinculación a la sociedad civil y sus “influencers” comunitarios, uso de la IA para el cuidado ciudadano, mayor inteligencia preventiva de la policía, etc.
El futuro de nuestras empresas y trabajadores y de toda nuestra sociedad depende de la capacidad que tengamos para enfrentar este flagelo con decisión y compromiso.
